Noticias provenientes de Colombia me informan que, contrario a lo que enseñan los medios de comunicación nacional, la elección del señor Procurador Alejandro Ordoñez Maldonado, podría estarse complicando. Importantes sectores políticos se encuentran interesados en el nombre de la Dra. María Mercedes López, candidata del gobierno nacional.
La posición pública del señor Procurador acerca del aborto no lo ha beneficiado. En desacuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema, se observa a un funcionario público tratando de imponer sus juicios de valor moral sobre los jurídicos. En todo caso, el problema fundamental radica en que se trata de un funcionario público llamado a vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales sean cuales sean, independientemente de si las comparte o no.
Constitucionalmente hablando, el procurador general de la nación tiene, entre otras, la función de: Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos (Constitución Política. Artículo 277/1)
Claro, el anterior es uno de los elementos que fortalecen el discurso en contra del director del Ministerio Público colombiano, sin ser el único.
Sumémosle a lo anterior la moda anti-releccionista que por estos años ha empezado a gestarse en Colombia alimentada por algunas ONG’s y lideres de opinión. El fenómeno social parece ser coyuntural y focalizado hacia ciertos funcionarios. No existen por ejemplo, estudios completos que indiquen si la Procuraduría General de Nación, ha sido fortín burocrático de algunos Congresistas, partidos políticos o magistrados de las altas Cortes desde la vigencia de la Constitución de 1991 o, si por el por el contrario la cuestionada actitud es propia del actual Procurador.
Lo que nos muestra la información mediática es a un funcionario que podría estar pagando favores electorales y Senadores que estarían sacando provecho de su voto.
Las verdaderas preguntas sin embargo quedan sin responder: ¿Es necesaria la relección de un procurador? ¿Debe el ejecutivo presentar candidato para un órgano de control? ¿Es necesario que investigue a sus electores? Estos y otros interrogantes deben abrir el debate. Un debate que sin embargo debe despersonalizarse por el bien de la democracia. Lo que realmente necesitamos construir son instituciones fuertes que aseguren el imperio de la ley. |
